** Giancarlo Carpentieri Peña teme que la Fiscalía Superior del estado Miranda declare sobreseimiento en el caso de estafa continuada, fraude y agavillamiento que se le sigue a una de sus hermanas, María Grazia Carpentieri Peña.
Especial. Una vez que el Ministerio Público solicitó la audiencia de imputación en contra de María Grazia Carpentieri Peña y de su esposo Isaac Alexander Torres Bastidas por los delitos de Estafa en grado de continuidad, Fraude y Agavillamiento, ante el Tribunal Cuarto de Control del Estado Miranda, donde se acordaron las medidas cautelares sustitutivas de libertad: presentación cada 30 días y prohibición de salida del país, Giancarlo Carpentieri, hermano de la mujer, teme que desde la Fiscalía Superior de Miranda se declare el sobreseimiento de la causa y se burle la justicia en este caso, causando la violación directa a los derechos constitucionales.
Ante esta posible medida, Giancarlo Carpentieri Peña hace un llamado de atención al fiscal general de la República, Tarek William Saab, para que, en la medida de lo posible, nombre a un Fiscal con competencia Nacional para que se encargue de la investigación signada con el número de expediente MP-232603-2023, y se logre la justicia.
Cabe destacar, que el 12 de abril de 2024, la Fiscalía 4ta de Guarenas-Guatire, en el estado Miranda, anunció la medida durante la audiencia de presentación de la pareja, quien ha cometido los delitos usando la sociedad mercantil Almacenadora La Rosa C.C. Almarca 5757 C.A., propiedad de cuatro hermanos Carpentieri Peña, y donde María Grazia funge como administradora de seis galpones industriales, ubicados en el sector El Rodeo de Guatire, propiedad de Inversiones Futani C.A, cuyos accionistas mayoritarios (del 80%) son los cuatro hermanos Carpentieri.
Trama ilegal por la herencia.
Luego de que dos de los hermanos Carpentieri Peña, de origen ítalo-venezolano, descubrieran a mediados del año 2023, que su hermana de sangre María Grazia Carpentieri cometía delitos de estafa y falsificación de documentos para apoderarse, en su totalidad, de la herencia de su padre, denunciaron ante las autoridades venezolanas y de Estados Unidos una trama ilegal que ha llegado al punto de la defraudación fiscal en ambos países, pues en la nación norteamericana también existen unos inmuebles comerciales que permanecen en disputa por la falsificación de la firma del progenitor de todos (ya fallecido), Carlos Carpentieri, lo que generó que esos inmuebles pasaran a ser propiedad en un 100% de María Grazia Carpentieri, y de esta forma sus hermanos no pudieran ser coherederos de las propiedades.
Las víctimas, acá en Venezuela, acudieron a la sede principal del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) para solicitar una investigación detallada en relación con la evasión fiscal cometida por su hermana por medio de una empresa que ella representa y ha administrado por más de diez años.Según los datos fiscales, la mujer ha declarado pérdidas en los últimos cinco años, pese a que la empresa es sólida y recibe la renta de los seis galpones industriales.
Por ello, solicitaron una experticia contable por parte de especialistas del CICPC, además de los movimientos bancarios de las cuentas de las empresas, a través de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela, Sudeban. Otra de las víctimas, Anna Maria Carpentieri, consignó una comunicación directa al Fiscal General de la República el día 9 de julio del presente año, con la intención de hacer de su conocimiento el caso, además de solicitarle la designación de un Fiscal Nacional que evite cualquier irregularidad que se pueda presentar, y así no se violenten los derechos de las víctimas consagrados en la Constitución Nacional y en el Código Orgánico Procesal Penal.Actualmente, la causa se encuentra dentro del lapso de los seis meses que otorga la Ley para la fase de investigación, mientras que las victimas han consignado los recaudos solicitados por la División de Experticias del CICPC.
En consecuencia, tiene que terminarse la investigación para dictar el acto conclusivo, es decir, que si se llegase a dictar un sobreseimiento en esta etapa del proceso, se violarían los derechos constitucionales.